Ley de Servicios Digitales

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Informa la Comisión Europea (CE) del acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) sobre la Ley de servicios digitales (DSA), propuesta por la Comisión en diciembre de 2020. La DSA establece un nuevo estándar sin precedentes para la responsabilidad de los usuarios en línea, plataformas con respecto a contenido ilegal y dañino. Brindará una mejor protección a los usuarios de Internet y sus derechos fundamentales, además de definir un conjunto único de reglas en el mercado interior, lo que ayudará a las plataformas más pequeñas a expandirse. El nuevo marco de la DSA se basa en valores europeos, incluido el respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el estado de derecho. Reequilibrará los derechos y responsabilidades de los usuarios, los intermediarios en línea, incluidas las plataformas en línea y las plataformas en línea muy grandes, y las autoridades públicas.

En el ámbito de la DSA hay varios servicios de intermediación en línea. Sus obligaciones en virtud de la DSA dependen de su función, tamaño e impacto en el ecosistema en línea. Estos servicios de intermediación en línea incluyen servicios de intermediación que ofrecen infraestructura de red: proveedores de acceso a Internet, registradores de nombres de dominio; servicios de hospedaje tales como computación en la nube y servicios de hospedaje web; motores de búsqueda en línea muy grandes con más del 10% de los 450 millones de consumidores en la UE y, por lo tanto, más responsabilidad para frenar el contenido ilegal en línea; plataformas en línea que reúnen a vendedores y consumidores, como mercados en línea, tiendas de aplicaciones, plataformas de economía colaborativa y plataformas de redes sociales; plataformas en línea muy grandes[1], que podrían presentar riesgos particulares en la difusión de contenido ilegal y daños sociales.

La DSA contiene obligaciones de diligencia debida en toda la UE que se aplicarán a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenido, incluidos nuevos procedimientos para una eliminación más rápida de contenido ilegal, así como una protección integral de los derechos fundamentales de los usuarios en línea. Concretamente, el DSA contiene medidas para contrarrestar bienes, servicios o contenidos ilegales en línea[2], nuevas medidas para empoderar a los usuarios y la sociedad civil[3], Medidas para evaluar y mitigar los riesgos[4] así como supervisión y ejecución mejoradas por parte de la Comisión cuando se trata de plataformas en línea muy grandes. El marco de supervisión y cumplimiento también confirma el papel importante de los Coordinadores de Servicios Digitales independientes y la Junta de Servicios Digitales. Fuente de la información: CE; fuente de la imagen: mvc archivo propio.

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[1] Con un alcance de más del 10 % de los 450 millones de consumidores en la UE.

[2] Tales como un mecanismo para que los usuarios marquen fácilmente dicho contenido y para que las plataformas cooperen con los llamados "marcadores de confianza"; nuevas obligaciones sobre la trazabilidad de los usuarios comerciales en los mercados en línea.

[3] Incluyendo la posibilidad de impugnar las decisiones de moderación de contenido de las plataformas y buscar reparación, ya sea a través de un mecanismo de disputa extrajudicial o reparación judicial; provisión de acceso a investigadores examinados a los datos clave de las plataformas más grandes y provisión de acceso a las ONG en lo que respecta al acceso a datos públicos, para proporcionar más información sobre cómo evolucionan los riesgos en línea; medidas de transparencia para plataformas en línea sobre una variedad de temas, incluidos los algoritmos utilizados para recomendar contenido o productos a los usuarios.

[4] Tales como obligaciones para plataformas muy grandes y motores de búsqueda en línea muy grandes de tomar medidas basadas en riesgos para evitar el uso indebido de sus sistemas y someterse a auditorías independientes de sus sistemas de gestión de riesgos; mecanismos para adaptarse rápida y eficientemente en reacción a crisis que afecten la seguridad pública o la salud pública; nuevas garantías para la protección de menores y límites en el uso de datos personales sensibles para publicidad dirigida.